La Ciudad de Buenos Aires sancionó su Constitución, previendo un régimen de gobierno relativamente descentralizado (Comunas) y un plazo -largamente cumplido- para su puesta en marcha. Una voluntad innovadora estaba por detrás de la propuesta.
La mora con relación a mandatos constitucionales, constituye un mal gesto institucional. Denota una actitud impotente a la hora de materializar iniciativas que se presentan como reflejo de tendencias aplicadas en otros contextos; pero que no parecieran ser fruto de un análisis estricto, que pueda derivar en soluciones a los problemas de la Ciudad. Los sucesivos gobiernos, que por convicción o "corrección política" no se han manifestado contra la descentralización (y a favor de la reforma constitucional que ello implicaría), han encontrado siempre alguna explicación dilatoria. Y como es obvio en un Estado de Derecho, las leyes o se aplican o se reforman, dejarlas de lado como si no existieran conduce al descrédito de la política.
Para contraponer ejemplos, digamos que en Barcelona, que con frecuencia se cita como referencia, parte del éxito se derivó de utilizar bien los tiempos. Las reformas o se hacen con decisión o se corre el riesgo de que se mueran antes de nacer. En la capital catalana, el gobierno elegido en 1983 elaboró, debatió y aprobó por unanimidad una nueva organización del territorio en 4 meses. Al mismo tiempo se prepararon las transferencias de competencias y recursos, y a lo largo de los dos años siguientes se realizaron 17 transferencias, se modernizaron las sedes y se crearon nuevos servicios y equipamientos, se pusieron en práctica formas diversas de participación en todos los ámbitos.
En paralelo se debatió el modelo definitivo de organización política y la regulación de la participación ciudadana. En 1986 se aprobaron también por unanimidad los reglamentos políticos y participativos. Cuando se celebraron las elecciones siguientes, en 1987, el proceso descentralizador estaba casi terminado, se había consolidado en las instituciones y en la opinión pública. El insumo clave para dicha transformación (no exenta de conflictos) ha sido una convicción, atender a una necesidad ciudadana antes que a una demanda burocrática. La descentralización respecto de la cual las autoridades judiciales locales están intentando movilizar a los legisladores para su cumplimiento, constituye un escenario para construir un nuevo modelo de relación gobierno-ciudadanía, que venga a agregar calidad democrática.
Sin dudas, se pone en marcha un proceso que pone en tensión algunas de las limitaciones del gobierno de la Ciudad. Entre ellas, "poner cerca de la gente" un aparato administrativo deficiente, el desconocimiento acabado acerca de que mecanismos pueden resultar adecuados para atender una vocación de participación sofisticada, y la insuficiencia de recursos fiscales para atender demandas; hoy menos visible, pero potencialmente creciente frente a un espacio político dependiente de la voluntad popular.
Si la visión de las autoridades es de desconfianza es probable que a las dificultades de articulación que naturalmente existen entre niveles de representación, se añadan reticencias, no pudiendo salir nada bueno de tal proceso. Pero en cambio, si se advierte que hay un terreno posible de expansión de la legitimidad política en torno a las respuestas concretas que el gobierno local debe proveer en los barrios, y que por esa vía es posible incorporar a la agenda pública temas hoy desplazados; podría suceder que la actividad en la esfera comunal contribuya a la recuperación de la confianza de los ciudadanos.
La diferencia entre las dos situaciones presentadas no será fruto de la casualidad, y la descentralización bien podrá ser un costo adicional o un ejercicio creativo de rediseño del gobierno local. Para dar lugar a esta posibilidad hay que invertir energía, tratando de evitar que el proceso se contamine en su instalación. Con una línea clara: generando mecanismos de transferencia de funciones con profesionalidad y recursos, promoviendo modos de participación modernos, asumiendo la necesidad de dotar de mayor fortaleza, previsibilidad y progresividad al financiamiento local, y sobre todo asumiendo definitivamente a partir de la descentralización una agenda urbana que Buenos Aires mantuvo postergada por muchos años.
Por: Jordi Borja, urbanista catalán, fue Vice Alcalde de Barcelona y en esa función lideró el proceso de descentralización de dicha Ciudad. Fabio Quetglas, es máster en Gestión de Ciudades (Universidad de Barcelona).
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